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SOCIMI: requisitos, régimen fiscal y cuándo conviene constituirla

19 Nov 2026 Afianza Comparte
SOCIMI: requisitos, régimen fiscal y cuándo conviene constituirla

El mercado inmobiliario profesional tiene en España un vehículo de inversión específico que combina flexibilidad operativa, acceso a financiación y un régimen fiscal muy favorable: la SOCIMI.

Diseñada a imagen de los REITs anglosajones, esta figura permite canalizar inversión colectiva en activos inmobiliarios de arrendamiento a través de una sociedad cotizada, con una fiscalidad que resulta atractiva tanto para el vehículo como para sus accionistas, siempre que se cumplan los requisitos legales con rigor. Conocer en detalle cómo funciona, qué condiciones impone la ley y cuándo tiene sentido recurrir a ella es imprescindible para cualquier inversor o grupo empresarial que gestione un patrimonio inmobiliario de cierta envergadura.

Qué es una SOCIMI y cuál es su origen

Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, conocidas como SOCIMI, son vehículos de inversión colectiva en el sector inmobiliario cuya actividad principal consiste en la adquisición, promoción y gestión de inmuebles urbanos destinados al arrendamiento. Están reguladas por la Ley 11/2009, de 26 de octubre, modificada posteriormente por la Ley 16/2012 y la Ley 11/2021, que introdujo importantes cambios en su fiscalidad.

Su inspiración son los REITs (Real Estate Investment Trusts) anglosajones, un modelo de inversión inmobiliaria colectiva con larga trayectoria en el Reino Unido, Estados Unidos y otros mercados desarrollados, que permite que inversores de diferente tamaño accedan a carteras de activos inmobiliarios profesionalmente gestionadas con una estructura fiscal transparente: los rendimientos tributan fundamentalmente en sede del accionista, no de la sociedad.

En España, las primeras SOCIMI comenzaron a cotizar a partir de 2013, tras la reforma que hizo más atractivo el régimen original de 2009. Desde entonces, el número de sociedades acogidas al régimen ha crecido significativamente, con presencia tanto en el mercado continuo como, sobre todo, en BME Growth, el sistema multilateral de negociación que ha actuado como plataforma de acceso para SOCIMI de tamaño mediano.

Objeto social: qué puede y qué debe hacer una SOCIMI

El objeto social de una SOCIMI está legalmente delimitado. La Ley 11/2009 establece que debe dedicarse a la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, la tenencia de participaciones en el capital de otras SOCIMI o de entidades no residentes con el mismo objeto y régimen similar, o la participación en el capital de otras entidades residentes cuya actividad principal sea también el arrendamiento de inmuebles urbanos.

Los inmuebles que integran su cartera pueden estar situados en España o en el extranjero, siempre que cumplan los mismos requisitos de destino al arrendamiento. Quedan excluidos del régimen los inmuebles de naturaleza rústica y los destinados a usos distintos del arrendamiento, como la venta directa o el desarrollo de actividades empresariales propias.

Requisitos legales para acogerse al régimen especial

La Ley 11/2009 establece una serie de condiciones acumulativas que la sociedad debe cumplir para poder optar y mantenerse en el régimen fiscal especial. El incumplimiento de cualquiera de ellas determina la exclusión del régimen y la tributación como sociedad ordinaria al tipo general del 25 % en el Impuesto sobre Sociedades.

Forma jurídica y capital mínimo

La SOCIMI debe adoptar la forma de sociedad anónima. El capital social mínimo exigido es de cinco millones de euros, representado por una única clase de acciones nominativas. Cuando la sociedad haya optado por el régimen fiscal especial, su denominación social debe incluir obligatoriamente el término «SOCIMI, S.A.».

Cotización obligatoria en mercados organizados

Este es el requisito que más singulariza a la SOCIMI respecto a otros vehículos de inversión inmobiliaria. Sus acciones deben estar admitidas a negociación en un mercado regulado español o de otro Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o en un sistema multilateral de negociación. En la práctica, la gran mayoría de las SOCIMI medianas acceden a BME Growth, el mercado alternativo que ofrece menores exigencias de liquidez y costes de cotización más reducidos que el mercado continuo.

La cotización no es un trámite voluntario: es condición necesaria para mantener el régimen fiscal especial, lo que implica asumir los costes y las obligaciones de información y transparencia propias de una sociedad cotizada.

La regla del 80/80: activo y rentas

El núcleo del régimen de inversión de la SOCIMI se articula en torno a dos umbrales del 80 %. Al menos el 80 % del valor del activo de la sociedad debe estar invertido en inmuebles urbanos destinados al arrendamiento, en terrenos para la promoción de inmuebles destinados a ese fin o en participaciones en otras SOCIMI o entidades equivalentes. Y al menos el 80 % de las rentas del período impositivo deben proceder del arrendamiento de esos inmuebles o de los dividendos de esas participaciones.

Ambos requisitos deben cumplirse al menos cada dos ejercicios, lo que introduce cierta flexibilidad para períodos de transición o rotación de cartera.

Permanencia mínima de los activos

Los inmuebles adquiridos o promovidos por la SOCIMI deben permanecer en su activo y estar destinados al arrendamiento durante un plazo mínimo de tres años. A efectos del cómputo de este plazo, se tiene en cuenta también el tiempo en que el inmueble haya estado ofrecido en arrendamiento, con un máximo de un año. Para los activos procedentes de una transmisión, la venta solo es posible una vez transcurrido ese plazo de tenencia mínima.

Distribución obligatoria de dividendos

La contrapartida al régimen fiscal favorable es la obligación de distribuir una parte significativa de los beneficios entre los accionistas. La Ley 11/2009 establece los siguientes porcentajes mínimos de distribución: el 100 % de los beneficios procedentes de dividendos de otras entidades cualificadas, al menos el 50 % de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y participaciones —el resto debe reinvertirse en un plazo de tres años— y al menos el 80 % del resto de beneficios obtenidos.

La junta de accionistas debe acordar la distribución dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio y los dividendos deben pagarse en el mes siguiente al acuerdo.

Esta obligación de distribución es esencial para entender el régimen: la SOCIMI no es un vehículo pensado para acumular beneficios, sino para canalizarlos hacia los inversores. Las únicas reservas que puede constituir con cargo a beneficios son la reserva legal (hasta el límite del 20 % del capital social), lo que limita significativamente su capacidad de autofinanciación.

Régimen fiscal especial

El principal atractivo de la SOCIMI desde el punto de vista tributario es el tipo del 0 % en el Impuesto sobre Sociedades para la parte de los beneficios que se distribuye conforme a la política obligatoria de reparto. Sin embargo, este tipo cero no implica ausencia total de tributación: la carga fiscal se traslada a los accionistas y existen gravámenes especiales que la propia sociedad debe satisfacer en determinados supuestos.

Gravámenes especiales a cargo de la SOCIMI

Desde la reforma introducida por la Ley 11/2021, la sociedad está sometida a un gravamen especial del 15 % sobre los beneficios obtenidos en el ejercicio que no sean objeto de distribución y que procedan de rentas que no hayan tributado al tipo general del Impuesto sobre Sociedades. Este gravamen desincentiva la acumulación de beneficios en reservas más allá de lo estrictamente permitido.

Adicionalmente, existe un gravamen especial del 19 % que recae sobre la parte de la base imponible correspondiente a socios cuya participación en el capital sea igual o superior al 5 %, cuando esas rentas tributen a un tipo de gravamen inferior al 10 % en sede del socio. Este gravamen no aplica cuando el accionista mayoritario sea a su vez otra SOCIMI.

Tributación en sede del accionista

Los dividendos distribuidos por la SOCIMI tributan en sede de cada accionista conforme a su régimen personal: en el IRPF como rentas del ahorro para los inversores personas físicas residentes, con tipos que oscilan entre el 19 % y el 28 %; en el Impuesto sobre Sociedades para los accionistas personas jurídicas residentes; y en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes para los accionistas no residentes, con una retención general del 19 % que puede reducirse por aplicación del convenio de doble imposición correspondiente.

Las ganancias de capital derivadas de la transmisión de acciones de la SOCIMI tributan conforme a los mismos tipos de la base del ahorro.

Bonificación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

La Ley 11/2009 reconoce una bonificación del 95 % en la cuota del ITP-AJD en la adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento o de terrenos para su promoción con ese fin. Esta bonificación puede representar un ahorro muy significativo en el momento de la constitución de la cartera inmobiliaria.

La reforma en tramitación de 2026

Es importante señalar que el régimen fiscal de las SOCIMI se encuentra en un momento de incertidumbre regulatoria en lo que respecta al alquiler residencial. En el verano de 2026, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que elevaría del 15 % al 25 % el gravamen sobre los beneficios no distribuidos de las SOCIMI dedicadas al alquiler residencial que no cumplan determinados requisitos de vivienda asequible. El texto contempla reducciones de ese gravamen incrementado para las SOCIMI que destinen más del 60 % de su cartera al alquiler a precio asequible, llegando a una reducción del 100 % cuando además se reinviertan los beneficios no distribuidos en ese mismo segmento. A la fecha de este artículo, ese proyecto de ley no ha sido aprobado y el régimen vigente sigue siendo el de la Ley 11/2009.

Cuándo conviene constituir una SOCIMI

La SOCIMI no es el vehículo adecuado para cualquier inversor inmobiliario. Sus requisitos de capital mínimo, cotización obligatoria y distribución de beneficios la hacen especialmente apropiada en determinados contextos y desaconsejable en otros.

Tiene sentido plantearse la constitución de una SOCIMI o la conversión de una sociedad patrimonial existente en los siguientes casos:

  • Cuando se cuenta con una cartera de activos inmobiliarios urbanos destinados al arrendamiento de importe suficiente para justificar los costes de cotización y cumplimiento normativo (en la práctica, carteras de entre diez y veinte millones de euros como mínimo).
  • Cuando los socios tienen un perfil de inversión orientado a la rentabilidad por dividendo más que a la acumulación de capital.
  • Cuando existe voluntad de ampliar el accionariado o atraer a inversores institucionales.
  • Cuando la estructura de propiedad permite cumplir con la regla del 80/80 de forma sostenida.

Por el contrario, no resulta adecuada para patrimonios familiares de pequeño o mediano tamaño sin vocación de apertura del accionariado, para activos con alto potencial de revalorización que se quieran vender a corto plazo antes de cumplir el plazo mínimo de tres años de tenencia, o para inversores que prefieran reinvertir los beneficios en lugar de distribuirlos.

Para patrimonios inmobiliarios de menor tamaño o sin vocación de cotización, existe una alternativa que puede resultar más adecuada: el régimen especial de arrendamiento de viviendas del Impuesto sobre Sociedades, que ofrece una bonificación del 85 % en la cuota del IS —lo que equivale a un tipo efectivo del 3,75 %— sin imponer los requisitos de cotización ni el capital mínimo de la SOCIMI.

Proceso de constitución y acceso al régimen

El acceso al régimen fiscal especial no es automático: requiere que la sociedad opte expresamente por él mediante comunicación a la Agencia Tributaria, que surtirá efectos en el período impositivo que finalice con posterioridad a dicha comunicación. La opción debe mantenerse durante al menos tres años, y la renuncia al régimen impide volver a acogerse durante los tres años siguientes.

El proceso de constitución de una SOCIMI implica, además de los trámites mercantiles propios de cualquier sociedad anónima, la admisión a negociación de las acciones en el mercado elegido (con los requisitos documentales, contables y de transparencia que ello conlleva), la adaptación de los estatutos a las exigencias de la Ley 11/2009 y la puesta en marcha de un sistema de información financiera y de cumplimiento normativo acorde con las obligaciones de una sociedad cotizada.

Conclusión

La SOCIMI es el vehículo más eficiente que ofrece el ordenamiento español para canalizar inversión profesional en el mercado inmobiliario de arrendamiento, gracias a su régimen fiscal favorable y a su capacidad de atraer capital institucional a través de la cotización. Sin embargo, su diseño técnico es exigente:

  • Requiere un capital mínimo significativo.
  • Impone la cotización como condición ineludible.
  • Limita la acumulación de reservas.
  • Obliga a distribuir la mayor parte de los beneficios.

Decidir si este vehículo encaja con los objetivos y la estructura de cada inversor requiere un análisis detallado de su cartera, su horizonte temporal y su política de distribución. En Afianza acompañamos a inversores y grupos empresariales en el análisis de viabilidad, la constitución y el cumplimiento normativo de las SOCIMI, así como en la comparación con los vehículos alternativos disponibles para la gestión de patrimonio inmobiliario.

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