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Las grandes empresas se enfrentan a un mercado cada vez más exigente, donde la agilidad, la eficiencia y el acceso al mejor talento marcan la diferencia entre el éxito y el estancamiento. En este contexto, el outsourcing laboral ha dejado de ser una opción marginal para convertirse en una estrategia corporativa fundamental. Sin embargo, cuando hablamos de organizaciones de gran envergadura, la externalización de procesos laborales no puede plantearse como una solución estándar. Requiere soluciones personalizadas que comprendan la complejidad de cada sector y, sobre todo, que garanticen la máxima confidencialidad en el manejo de información sensible.

En un entorno empresarial que cambia a ritmo de vértigo, la rigidez es el peor enemigo de la productividad. Aquí es donde entra en juego la movilidad funcional, una herramienta legal y estratégica que permite a las empresas reasignar a sus empleados funciones distintas a las que ejercen habitualmente.

Por primera vez en la historia reciente de nuestro mercado laboral, la baja voluntaria se ha convertido en la principal causa de extinción de un contrato indefinido en España, situándose por delante del despido.

La Directiva europea 2023/970 sobre transparencia retributiva entró en vigor el 7 de junio de 2026, y España llega al plazo límite sin haber completado su transposición al ordenamiento jurídico interno. El Ministerio de Trabajo trabaja en un real decreto para incorporarla, pero a fecha de hoy las empresas españolas se enfrentan a una norma europea vigente sin un texto nacional definitivo que concrete su aplicación.

El Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia clave que cambia la forma en que las empresas deben confeccionar los recibos de salarios de sus empleados. A partir de este pronunciamiento, ya no es suficiente con que una nómina sea un simple listado de números y conceptos; ahora se exige un nivel de desglose que garantice la total comprensión de cada cantidad abonada.

Una práctica habitual en muchas empresas consiste en abonar a sus trabajadores dietas mensuales de importe fijo para compensar gastos de desplazamiento y manutención, tratándolas como rentas exentas de IRPF. Sin embargo, una reciente sentencia confirma el criterio de la Administración Tributaria: cuando estas dietas no responden a gastos reales y verificables, tributan como salario.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha dictado la resolución nº 02501/2023, de 25 de marzo de 2026, en la que modifica expresamente su doctrina previa sobre los requisitos que deben cumplir los socios de una Unión Temporal de Empresas (UTE) para poder aplicar la exención prevista en el artículo 50 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS, RDLeg 4/2004) sobre las rentas que les son imputadas cuando la UTE opera en el extranjero.

El régimen fiscal interncional, previsto en el artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, permite a trabajadores, profesionales, emprendedores e inversores que pasan a ser residentes fiscales en España por trasladarse al territorio español puedan elegir tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR), con ciertas particularidades, sin dejar por ello de ostentar la condición de contribuyentes del IRPF, durante el ejercicio en el que se produce el cambio de residencia y en los cinco ejercicios siguientes.

Las operaciones vinculadas son una de las áreas que más vigilancia recibe por parte de la Agencia Tributaria en los últimos años. Si tu empresa realiza transacciones con sociedades del mismo grupo, con socios o con familiares directos, es fundamental que conozcas las obligaciones fiscales y documentales que se derivan de estas operaciones. En este artículo te explicamos qué son, cómo se valoran y qué documentación debes preparar para evitar sanciones.

A fecha 19/02/2026, ya se ha publicado en el BOE el Real Decreto 126/2026, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 en 1.221 € mensuales en 14 pagas (17.094 € brutos/año). Desde su publicación, el SMI es de obligado cumplimiento, con los efectos temporales que establezca el propio Real Decreto (incluida, en su caso, la retroactividad desde 1 de enero de 2026).